Según ha explicado el departamento de Bustinduy, se emplaza a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para frenar los riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza.
También, se insta a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados.
Bustinduy solicita a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que los consumidores conozcan las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino.
La carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza.
Además, expone distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, como la que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos, y que determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos.
Bustinduy explica que la petición de información de este Ministerio a las empresas responde a la preocupación que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, mostró recientemente durante su reunión con el ministro sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados.
"Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU", concluye el Ministerio.
La iniciativa, sin embargo, no ha contado con el visto bueno del Ministerio de Exteriores, que ha tildado a Israel de "Estado amigo de España".
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han desautorizado al departamento de Bustinduy al subrayar que no tenían conocimiento de esa iniciativa. "Es la primera noticia que tenemos de esa carta", han indicado fuentes diplomáticas, que han calificado a Israel de "Estado amigo de España".
"No entendemos qué quiere decir con 'el Gobierno'", han incidido las fuentes consultadas, que han enfatizado en que el Ejecutivo tiene una posición "clara" respecto a que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español".
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la carta "ha sido una sorpresa" y ha reconocido que no fue informado por el ministro Bustinduy ni tampoco ha hablado con él. "Las empresas españolas son perfectamente conocedoras de sus obligaciones en el marco normativo vigente", ha señalado Cuerpo, entre las que ha citado "el respeto a los derechos humanitarios".
Preguntadas por la reprobación de ambos ministerios, fuentes del entorno del ministro Bustinduy defienden la misiva, que consideran que "es coherente con la posición del Gobierno ante la situación en Palestina".
"Tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para detener el genocidio", aseveran.
Las mismas fuentes alegan que la actuación del Ministerio de Derechos Sociales responde a un mandato general del Derecho internacional y de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos.
Recuerdan, en ese sentido, la resolución aprobada en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos sobre los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, y la cual insta a todos los países a no tomar medidas que reconozcan, de alguna manera, la expansión de esos asentamientos; y a intentar garantizar que las empresas instaladas en esos territorios no cometan violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos.
El choque entre ambas alas del Ejecutivo español se enmarca dentro del tira y afloja del PSOE y Sumar en torno al reconocimiento del Estado de Palestina que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, lleva ya semanas insistiendo en la necesidad de dar ese paso y, de hecho, había pedido acometerlo en el Consejo de Ministros de este martes. Pero ninguna de las medidas aprobadas por el Gobierno incluían ese reconocimiento bilateral de Palestina.
Lo cierto es que Sánchez declaró que España lo reconocería como Estado "antes del mes de julio", y en el entorno de Díaz temen que vaya a dilatar esa medida hasta los días previos a las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio.
